Los avances sociales conseguidos que disfrutan las mujeres se nos presentan como consecuencia de un progreso que avanza por si solo en el que las mujeres no han influido. Pero en todo cambio con una conquista social ha habido una mujer luchando y encabezando esa conquista. Han sido ellas las que han logrado cada uno de los derechos de los que ahora disfrutamos, ha sido su lucha la que nos permite estudiar, votar e incluso trabajar.
Frecuentemente, muchos de los problemas de las mujeres han sido problemas "invisibles”, Lo que no se ve no existe. La nueva mujer, la mujer con derechos, se ha hecho presente precisamente al salir a trabajar fuera de casa y al llegar a exigir lo que a una le corresponde sin sentirse mal por ello. Pero en estos momentos en los que la estrategia de ridiculización no se considera políticamente correcta, algunos tienden a adoptar la estrategia del silencio. Se oculta no sólo lo que tiene que ver con el feminismo sino lo que tiene que ver con las mujeres, sus derechos y sus organizaciones.
Se considera que los movimientos feministas tienen su origen en la Declaración de los derechos universales de igualdad y de libertad promovidos en la Revolución Francesa y en la Ilustración, donde las mujeres tomaron conciencia de su situación y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos, tanto en derechos como en oportunidades y no solo para varones.
Recientemente, muchas voces sabias nos dice que el feminismo ya no es necesario porque las mujeres ya han resuelto sus problemas. Que sólo en los países menos desarrollados es necesario y allí no hacemos nada. El feminismo lucha por todas, es un movimiento común por un bien común.
Sin ánimo de comparar la cruda desigualdad que sufren mujeres y niñas en muchos países, España no ha conseguido la tan ansiada igualdad entre mujeres y hombres. La crisis por la que estamos pasando aún acentúan más estas desigualdades.
Una mujer apta para desempeñar un trabajo no siempre recibe el mismo trato que se le da a un hombre, y tampoco parte de las mismas condiciones en materia de educación o conciliación, lo que podemos considerar desigualdad de género. Las mujeres universitarias suponen un 54,1% del total y su rendimiento en títulos de grado y máster supera al masculino en diez puntos porcentuales. Además, un 61,1% de los lectores de tesis de menos de 34 años corresponden al género masculino. Aun así, solo el 16,8% del total de catedráticos son mujeres, un dato muy bajo comparado con la prevalencia de estudiosas de calidad en nuestro país. De hecho, desde el logro que representó la elección de Elisa Pérez Vera como primera rectora mujer en la historia de las universidades locales, solo 22 mujeres han alcanzado ese puesto. En la actualidad existen en España 50 universidades públicas, en las que solo se puede identificar a 3 rectoras, que para colmo de males no ocupan cargos de dirección en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) como ocurre generalmente con los rectores del género masculino. Pilar Aranda en la Universidad de Granada; Nekane Balluerka en la Universidad del País Vasco; y Margarita Arobix en la Universidad Autónoma de Barcelona son quienes representan al género femenino en los cargos de rectoría de las universidades públicas. En las universidades privadas se pueden contabilizar 6 cargos de rectoría adjudicados a mujeres: Josefina García Lozano en la Universidad Católica San Antonio de Murcia; Isabel Fernández en la Universidad Europea de Madrid; Concepción Burgos en la Universidad a Distancia de Madrid; Rosa Visiedo Claverol en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia; María del Rosario Sáez Yuguero en la Universidad Católica de Ávila; e Imelda Rodríguez en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Es decir, que en las más de 80 universidades existentes en España, solo hay 9 rectoras mujeres. Esta cifra refleja claramente que de una forma u otras las universidades no confían en el género femenino para tal puesto, y por lo tanto, que no son capaces de ver a las mujeres en cargos de liderazgo para estas instituciones.
En cuestiones de conciliación también se aprecia desigualdad de género. El 82,2% de los desempleados que eligen esta situación por cuidar a hijos menores de 14 años son mujeres. En el caso de que solo decidan realizar un recorte de jornada, el 97,3% de los ocupados a tiempo parcial por estos motivos son mujeres. Además, las cifras relativas a trabajadores que han dejado de ejercer por un periodo mayor de un año con motivo del nacimiento de un hijo también son esclarecedoras: en el caso de los hombres, el porcentaje es de un 7,4%, mientras que el de mujeres es de un 38,2%.
El abandono escolar es otro motivo en el que la desigualdad está vigente. Mientras ellos lo hacen para buscar trabajo muchas de ellas lo hacen para cuidar a los hijos que han tenido de adolescentes, ayudar en casa o casarse. Aquí el porcentaje sube en colectivos como los gitanos. “Las chicas salen peor paradas en la mayoría de indicadores del estudio”, explica Mónica Chamorro, directora de educación de la Fundación Secretariado Gitano. Esto se explica, dice, porque lo que la familia espera de ellas es que sean cuidadoras y, aunque no contraen matrimonio tan jóvenes como hace décadas, su prioridad es casarse y encargarse de la casa. “Estas son unas obligaciones que no casan bien con acudir a la escuela”, abunda Chamorro.
Un informe del Consejo de Europa cita a España como uno de los países del continente, junto a Hungría, en el que el retroceso y la oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y sus derechos reproductivos se está volviendo más fuerte y explícito. El documento, titulado Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa, alerta, además, de que la crisis económica y los recorte asociados a los presupuestos públicos, así como el surgimiento de posiciones conservadoras, están poniendo en peligro estos derechos en el continente.
Desde 2013 se han retirado del sistema de reembolso nacional algunos anticonceptivos hormonales de última generación, añadiendo una carga económica a cerca de un millón de mujeres, según estimaciones de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Con los recortes se ha producido una reducción de servicios de salud mental y una medicalización excesiva de la salud mental y del malestar de las mujeres, con un abuso de tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir: el 21% de las mujeres frente al 11,6% de los hombres.
Las mujeres drogodependientes son un grupo muy desconocido en España: sufren una situación de extrema exclusión social y son doblemente estigmatizadas, tanto por el consumo de drogas como por los roles de género asignados a ellas. Estas mujeres son expulsadas de casa por parte de sus familias antes que los hombres; sufren abusos sexuales cuando acuden a comprar drogas y cuando se encuentran bajo los efectos de las mismas, son violadas en muchas ocasiones; y tienen que hacerse responsables de sus hijas e hijos con escasas y, en ocasiones nulas, redes familiares y sociales de apoyo. A menudo las mujeres drogodependientes son víctimas de violencia de género por parte de sus parejas y, sin embargo, no pueden acceder a los servicios de casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos. La reglamentación sobre el funcionamiento de las mismas es de competencia autonómica y existe discrecionalidad a la hora de fijar las condiciones de admisión. En la mayoría de ocasiones quedan excluidas las mujeres con enfermedades mentales graves, enfermedades infectocontagiosas o con adicción a drogas, por lo que se excluye a un grupo importante de mujeres sin fijarse una solución alternativa para las mismas12. Por otro lado, los servicios de deshabituación existentes no tienen en cuenta la realidad de estas mujeres y están adaptados a las necesidades de los hombres usuarios de drogas, siendo programas que exigen que las personas se internen en centros, impidiendo que las mujeres usuarias de drogas con cargas familiares puedan acudir porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas y desconfían de que los servicios sociales se los vayan a devolver una vez que soliciten que se hagan cargo de su familia. Un análisis de género en la manera de entender, interpretar y encarar el desarrollo alternativo, el tráfico ilícito de drogas y la rehabilitación del consumo, es indispensable y urgente
La aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en lo referido a la salud y la educación sexual, dado que no hay presupuesto específico asignado y hay deficiencias en su implantación. Existen limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y en los últimos años se ha producido una descapitalización del presupuesto económico en materias relacionadas con la prevención del VIH. Además, no resulta siempre sencillo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo a través del sistema público sanitario español. La inequidad territorial es uno de los hechos más significativos. La mayoría de las interrupciones se realiza en centros privados y su coste puede recaer en gran medida en las propias mujeres. Por otra parte, desde septiembre del 2015 un cambio en la legislación estableció más barreras al acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para las jóvenes de 16 y 17 años, obligándolas a buscar soluciones que ponen en riesgo su salud y desprotegiéndolas de cualquier garantía de derechos.
Las mujeres que han nacido fuera de España y las mujeres transexuales son dos grupos de especial vulnerabilidad. Estas condiciones se ven agravadas en los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras -CIE- por la falta de atención especializada para mujeres embarazadas, la interrupción o denegación de tratamientos y los abusos y discriminaciones por orientación e identidad sexual. En cuanto a la mutilación genital femenina, existe un protocolo estatal que está dirigido a una actuación sanitaria más que a tener una mirada integral que aborde aspectos socioeconómicos. Es decir, a pesar de que se cuenta con una estrategia nacional y legislación específicas, los servicios de salud sexual y reproductiva, cuentan con importantes deficiencias y su acceso y cobertura sanitaria es desigual, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y respecto a la situación administrativa individual. Esto repercute negativamente en los derechos y la salud sexual y reproductiva de la población, especialmente de las mujeres y niñas.
Y por último los estereotipos de género se arraigan en los niños y niñas a los 10 años. Los estereotipos femeninos basados en “protegerlas” las hacen más vulnerables, enfatizando el afán de vigilarlas y sancionándolas físicamente cuando rompen las normas. El inicio de la adolescencia desencadena un conjunto común de expectativas de género rigurosamente impuestas que están vinculadas a un mayor riesgo a lo largo de la vida del individuo. Los niños y niñas a muy corta edad -desde en las sociedades más liberales hasta en las conservadoras- interiorizan muy pronto el mito de que las niñas son vulnerables y los chicos son fuertes e independientes. Durante la adolescencia, el mundo se expande para los niños y se contrae para las niñas.
Aún nos queda mucho trabajo por hacer en España y el feminismo es tremendamente importante aquí y en todo el mundo.